Ciudadanos que buscan justicia

Por: Manuel Velásquez Noviembre / 2010     Mucho se ha hablado en este espacio de la inseguridad que impera en el país, así como de sus consecuencias, y de las acciones que está realizando el gobierno federal al respecto. Sin embargo, hay un tema en el que hemos insistido, aunque no suficientemente: la participación ciudadana.    Largo y tendido se ha hablado en estos espacios acerca del grave problema de inseguridad que sufre el país. Y siempre se ha insistido en un punto: la participación ciudadana y el rol fundamental que tiene la ciudadanía para combatir y acabar con los problemas que nos aquejan. Esto, ante la falta de confianza en las autoridades y en una cada vez más palpable corrupción de las instituciones que supuestamente nos debieran proteger.   No hay dudas de que por medio de la participación ciudadana se pueden lograr cambios enormes. Sin embargo, antes de "lanzarse al ruedo", los ciudadanos deben cumplir con algunas responsabilidades básicas: informarse, formarse, organizarse para -en un momento dado- exigir.   Esto no es nada fácil y sin duda se necesita de mucho compromiso por parte de toda la ciudadanía.     DESVENTAJA SISTEMÁTICA   Comenzando con los problemas, el primero que surge es que el sistema político es bastante hostil hacia cualquier forma de organización ciudadana, especialmente en temas de seguridad pública. Esto se por dos factores principales: el antiguo régimen priísta no veía la necesidad de formar cuadros cívicos independientes -que no estuvieran ligados o subordinados a la estructura gubernamental-, y por la estructura policiaco-militar. Esto, según Guillermo Boils, en su texto Los militares en México (1965-1985).   Lo anterior deriva en el problema de que en México no estamos acostumbrados a hacer valer nuestros derechos ciudadanos.    A este factor se le suma el de la ineficacia de los cuerpos de seguridad del Estado. Según el Dr. en Ciencias Políticas, Gonzalo Jar Consuelo, "la organización y funciones de la policía han estado indisolublemente vinculadas a las características sociopolíticas y culturales de la respectiva comunidad". En México nos encontramos con que esta premisa se cumple cabalmente.   La función de la policía en México, por muchos años, fue la de reprimir a movimientos disidentes. Por ello, durante 70 años de un corrupto régimen priísta, la policía fue fuertemente infiltrada por organizaciones y grupos delictivos.   Asimismo, lo que ocurrió con las fuerzas de seguridad, sucedió con el sistema judicial: el aparato se entretejió con una red de corrupción y burocracia interminables provocan que la justicia en México deje mucho que desear. Según el Índice de Estado de Derecho, publicado por el World Justice Proyect, México ocupa el penúltimo lugar de 35 países evaluados.     CIUDADANÍA ACTIVA   A pesar de estos factores en desventaja, existe un segmento que se ha volcado a la acción cívica. Principalmente aquellos que han sufrido en carne propia la corrupción institucional en todos los niveles y ámbitos, así como los estragos del crimen, organizado o no.   Las primeras muestras de que la ciudadanía tenía un verdadero interés por mejorar la situación de la seguridad pública en México se dieron en 1997, cuando una marcha organizada por diferentes frentes cívicos se volcó a las calles de la Ciudad de México. Su grito de protesta era: "Ya basta" y era dirigido en contra de la impunidad.   Los manifestantes exigían a las autoridades que pusieran un alto a los índices de secuestros y robos que día con día iban en aumento. Sin embargo, aunque hubo cierto apoyo institucional que pretendió escuchar las peticiones de estos grupos, poco pudieron -o quisieron- hacer a mediano plazo, sin mencionar el gran fracaso que se dio posteriormente.   Una de las voces más emblemáticas de ese entonces fue Josefina Ricaño, madre de un ingeniero secuestrado y ejecutado por sus captores. Ella, junto con otros ciudadanos destacados, como José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, fundaron la organización México Unido contra la Delincuencia.   Otra muestra del hartazgo y de la participación social fue la multitudinaria marcha que se dio en el 2004 en la capital del país, en donde se exigió a todas las esferas de gobierno una efectiva política de seguridad pública. Sin embargo, fue ahí donde Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se tomó como personal el movimiento y lo calificó de ser una "marcha de pirrurris".   En esta marcha, una de las voces que más trascendió fue la de Isabel Miranda de Wallace. Su caso era muy similar al de Josefina Ricaño. Un hijo secuestrado, muerto, que jamás fue hallado, así como la colusión de las autoridades con los delincuentes. Isabel fundaría la asociación Alto al secuestro.   Lo impresionante de esta madre fue que ella sí pudo dar con los secuestradores, todo gracias a investigadores privados y personas que por su cuenta rastrearon a los plagiarios. En el 2008, otra tragedia sacudió a la ciudadanía. El 4 de junio de ese año, un grupo de plagiarios con uniformes de agentes federales detuvo la camioneta donde viajaba Fernando Martí. Lo sometieron y subieron a un vehículo con insignias de la ya inexistente Policía Federal Preventiva. Los plagiaros exigieron dinero a la familia Martí, mismo que fue pagado íntegramente. A pesar de esto, el cuerpo del joven de 14 años fue encontrado el viernes 1 de agosto de aquel año cerca de Coyoacán.   A partir de este suceso, el padre de Fernando, un reconocido empresario, fundador y ex director de la cadena de tiendas de deportes Martí, así como de los gimnasios Sport City, inició el movimiento México SOS. De Alejandro Martí es la famosa frase -pronunciada en una reunión pública de los principales funcionarios del Estado-:"si no pueden, renuncien". La frase, hoy emblemática, fue aplaudida y se ha tomado como un grito en la exigencia social.   Como estas historias, existen cientos. Movimientos de este tipo, también existen varios. Lo que ahora está sucediendo es que liderazgos ciudadanos comienzan a unir fuerzas para formar un frente de información y exigencia ciudadana. Una luz de esperanza se enciende con estos grupos, ya que proponen y promueven una conciencia ciudadana de participación. Son los que, sin duda, tienen la capacidad de despertar a los mexicanos.     EL LADO OBSCURO   Pero a pesar de lo que estos grupos ciudadanos han logrado, también existe un lado oscuro en la historia de la impunidad sistemática en la que vivimos. Ante el hartazgo de la gente y la inefectividad de los sistemas coercitivos del Estado, algunos grupos han decidido tomar en sus manos la impartición de justicia.   Esto, aunque no es del todo nuevo, sí se puede decir que se está extendiendo en las modalidades en que se presenta.   Los linchamientos no son nada nuevos, aunque en los últimos años han ido en aumento, principalmente en las zonas conurbadas, donde el nivel educacional es relativamente bajo y las condiciones sociales son, en general, bastante precarias. En lo que va del año, se tiene que en el Distrito Federal y el Estado de México, el promedio de estas prácticas son de uno cada 60 días.   Aun así, esta no es la única forma en que se presenta este signo de hartazgo social. Ahora, en la guerra contra el narcotráfico, ha aparecido una modalidad más preocupante. Ciertos grupos que se dicen ciudadanos, con armas de grueso calibre, con vestimentas de tipo militar, se asumen como grupos de autodefensa.   Debe recordarse que bajo esta modalidad surgió La Familia Michoacana, la cual se decía defensora de los pobladores de ese estado ante los Zetas.   También se tienen reportes de este tipo de grupos en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad que más ha sufrido con la actual ola de violencia.   Este fenómeno no es exclusivamente mexicano. Se tiene presente el caso de Colombia, en donde este tipo de grupos surgieron como una respuesta a la guerrilla, y eran financiados por grupos de hacendados y empresarios en las regiones en conflicto. Sin embargo, luego se dispersarían y formarían parte de los cárteles de la droga o se enfrentarían a estos.     LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL   Estas dos visiones de justicia ciudadana, opuestas completamente, son la respuesta ante el gran vacío que dejan las corporaciones de seguridad pública. Con todo, la única opción realista es la primera, la participación cívica y la corresponsabilidad. Si tomamos como respuesta a la segunda opción, estaremos fincando nuestras esperanzas en un rumbo que tiene un futuro poco prometedor. Alimentar más el fuego que nos consume actualmente no es una opción viable y nunca lo será.   Aunque los aciagos días que nos aquejan no tengan mucho de alentador, debemos apostar por la solidaridad con nuestros conciudadanos, informarnos y apoyarnos mutuamente. La ciudadanía, efectiva y activa, es la única forma de poder rescatar a México de la barbarie.